El PP advierte de la “mala gestión económica” del PSOE y el PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

– El Interventor subraya en sus informes que falta “una auditoría” de los gastos de BEI

– El Ayuntamiento volvió a “incumplir la regla del gasto en 2022”, disparando el límite de gasto en más de 23 millones de euros, hasta los 337.596.758,63 €

14-septiembre-2023.- El Partido Popular de Vitoria ha censurado esta mañana que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz haya vuelto a “incumplir la regla del gasto” en el último ejercicio 2022, lo que, a su juicio, vuelve a poner de manifiesto la “mala gestión económica” que el PSOE y el PNV hacen en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La concejala de PP Vitoria, Blanca Lacunza, ha hecho estas declaraciones durante la presentación de los informes económicos anuales del Interventor Municipal en el Ayuntamiento en los que quien se encarga de velar por el buen uso del dinero público advierte que “el Ayuntamiento incumplió y sobrepasó la regla del gasto permitido en más de 23 millones de euros”.

Lacunza ha explicado que el “límite de gasto” que tenía el Ayuntamiento en 2022 era de 314.442.337,24€, pero, según expone el Interventor Municipal en su informe, el Consistorio “sobrepasó este límite en 23.154.421,39 euros, alcanzando los 337.596.758,63€”.

La concejala de PP Vitoria ha exigido, por ello, “rigor económico” y una “gestión eficaz” al Gobierno de Maider Etxebarria, que “no ponga en riesgo los recursos públicos del Ayuntamiento” en un momento de crisis económica como el actual.

Falta una auditoría del BEI

Además, y respecto al BEI, el Interventor ha dejado muy claro en el informe presentado hoy que falta una auditoría de los gastos. En concreto, subraya que Tuvisa no tiene “una relación valorada de estos bienes y derechos ni del valor neto atribuible” y que, por tanto, “no hemos obtenido evidencia de auditoría adecuada y suficiente que permita determinar la naturaleza y el valor en uso de dicho inmovilizado y, en consecuencia, no podemos determinar el efecto de su registro contable en las cuentas de 2022”.

Sobre este asunto, la concejala del PP ha puesto en valor que el Partido Popular haya conseguido “que el Ayuntamiento realice por fin una Auditoría económica del BEI”, que hará, de hecho, el propio Interventor Municipal, y que recogerá, como mínimo, el gasto total de la infraestructura, instalaciones y reformas realizadas para su puesta en funcionamiento, todos los contratos relacionados con la implantación del BEI y todos sus costes de mantenimiento.

“Es el principal gasto que ha tenido este Ayuntamiento, la factura ha sido interminable y se contabilizaron más de 21 contratos distintos, se ha ocultado información al respecto y los vitorianos tenemos derecho a conocer las cifras reales: cuánto ha costado y cuánto nos cuesta el mantenimiento del BEI”, ha subrayado.

Utilización excesiva de contratos menores

El Interventor también advierte en su análisis económico de la “utilización excesiva de contratos menores” por importe igual o inferior a 5.000 € (IVA excluido), así como una “posible vulneración del fraccionamiento del objeto contractual, eludiendo procedimientos de contratación”. Por ello, el PP exige “planificación y previsión” al Gobierno Etxebarria.

En los informes presentados hoy, el Interventor también afirma, sobre la adquisición del Palacio Zulueta para Ensanche 21, que dicho edificio “es utilizado sin contraprestación, sin que exista un acuerdo de cesión que regula las condiciones”. Y, en cuanto a la limpieza, el PP ha recalcado que el Interventor alude también a la “necesidad de verificar que se prestan los servicios”.

Comunicación al Pleno

Debido al incumplimiento de la regla de gasto, Maider Etxebarria deberá presentar una “comunicación al Pleno en que se analice, evalúe y acredite la la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento”, en cumplimiento del artículo 7.4 de la Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Álava.

A juicio del Interventor Municipal, el Ayuntamiento debe adoptar “medidas tendentes a recuperar el remanente de tesorería y el ahorro neto, para garantizar a futuro la sostenibilidad financiera municipal y mitigar el impacto ante contingencias no previstas”.

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